En perfecta sintonía con su costumbre de derivar hacia los conductores el fracaso de sus políticas sucesivas en un crescendo de endurecimiento normativo, el señor Pere Navarro-Göbbels, Procónsul de la Dirección General de Tráfico y Tecnócratus Máximus del Partido (Nacional-)Socialista (Qué tendrá de) Obrero Especial, está preparando ya la ley que vendrá a substituir a la de reciente aplicación, en cuanto se constate su nuevo fracaso.
Según ha podido conocer nuestra redacción de la FNN, la nueva ley, conocida en medios oficiales, ultraoficiales y extraoficiales como “La Solución Final”, penará con hasta cinco años de cárcel el encendido de cualquier vehículo particular, coche, velomotor, motocicleta, furgoneta, camión, o cualquier otro tipo de híbrido todavía inédito. El señor Navarro-Göbbels, sin embargo, se ha apresurado a tranquilizar a todos los sectores en los que el rumor de la nueva ley había producido natural inquietud. “La Solución Final”, ha dicho, “está concebida de tal modo que no vulnerará los intereses ni de la Construcción, ni del sector automovilístico, escuelas de conducir, parkings, o gasolineras.”
En efecto, de acuerdo con “La Solución Final”, el carné de conducir en todas sus modalidades será obligatorio a partir de los dieciséis años. Las pruebas, tanto teóricas como prácticas, se endurecerán. Cada ciudadano español mayor de dieciocho años estará obligado por ley a poseer, por lo menos, un coche y una motocicleta, que no podrá poner en marcha en ningún momento pero que deberá tener expuestos, y en perfecto estado, en los puestos de parking que le sean asignados por el ayuntamiento. El gobierno del Partido (Nacional-)Socialista (Qué tendrá de) Obrero Especial está reflexionando seriamente ya sobre el modo en que los vehículos, que en ningún momento podrán ser conducidos por sus dueños, serán transportados a sus “dormitorios”. Dos unidades especiales, los Servicios de Supervisión (SS) y la GEStoría contra TAcaños POtenciales (GESTAPO), se ocuparán del control de la compra y cuidado de vehículos por parte de los conductores aplicando castigos corporales de hasta noventa latigazos en caso de incumplimiento de la ley.
En aras de un parque móvil nacional en perfecto estado y envidiable para todos nuestros socios europeos, la ITV será obligatoria desde el primer año de la adquisición del vehículo. El gobierno, por otra parte, está preparando ya las ayudas necesarias para la renovación de automóviles y motocicletas cada tres años, que tratándose de vehículos de gran cilindrada y en el caso de usuarios menores de veintiún años, o bien de padres y madres de familia numerosa (mono-, bi-, o poliparentales) con perro, gato o gata, canario y plaga doméstica de insectos, arácnidos o roedores, podrían alcanzar hasta 1€.
Las carreteras seguirán construyéndose, no sólo como necesario símbolo de modernidad, sino también para permitir el paso de vehículos oficiales así como de turismos procedentes de países en los que, carentes de una legislación tan avanzada como la nuestra, la conducción no sea todavía un crimen. En caso de accidentes de los vehículos permitidos por la nueva ley o “Solución Final”, las multas, penas y costes resultantes recaerán colectivamente sobre los conductores empadronados en la población más cercana al siniestro. Los mayores de dieciséis años que todavía no se hayan sacado el carné de conducir pagarán sólo el 50% de la parte proporcional de la pena que les corresponda.
Cada conductor, finalmente, deberá pagar una tasa por gasolina no consumida que, en el caso de vehículos de gran cilindrada, podría llegar hasta los 200€ semanales. El gobierno del Partido (Nacional-)Socialista (Qué tendrá de) Obrero Especial estudia la posibilidad de hacer que, al menos uno de los dos vehículos obligatorios, sea obligatoriamente de gran cilindrada.
Si “La Solución Final” no reduce la siniestralidad española a cifras aceptables, el señor Navarro-Göbbels piensa ya en limitar la velocidad peatonal en las ciudades (el footing y el jogging quedarían penados hasta con diez años de cárcel) y en poner controles de alcoholemia para viandantes en todas las esquinas. El sector hostelero, sin embargo, no debe inquietarse porque el Procónsul está calculando ya la tasa por alcohol no consumido que deberá pagar cada ciudadano en compensación por esta ley futura en caso de que los acontecimientos la hagan necesaria.
Los Clubs Automovilísticos de las diversas taifas nacionales así como la ciudadanía al completo ha respondido a esta nueva iniciativa con el “¡Béeeeeee!” habiiiitual, bajándose los pantalones y mostrando las posaderas por si el señor Navarro-Göbbels tuviese a bien asimismo regular el tráfico de los túneles y vías rectales nacionales.
Sieg Heil!
